En la actualidad, comprobamos como España ha perdido su soberanía alimentaria y no es capaz de proteger a nuestro sector primario de la competencia desleal, provocada por países extracomunitarios que producen con mano de obra esclava y costes inasumibles para nuestros productores.

La UE permite la entrada de productos tratados con fitosanitarios prohibidos lo cual supone un riesgo para la salud y un grave problema de seguridad alimentaria. 

Nuestros productores tienen derecho a que España les garantice operar en un mercado en el que no se compite de forma desleal para asegurar así, que, todos los productos que llegan al consumidor han sido producidos con unas condiciones laborales y sanitarias seguras y de calidad.

Nuestros hijos en los colegios, pacientes de la sanidad pública, trabajadores de cualquier organismo público, etc, que utilicen un comedor público, tienen derecho a alimentarse con productos que cumplan la normativa fitosanitaria española y europea, garantizando así su seguridad alimentaria y una mejora en la calidad que proporcionan los productos de nuestra tierra.

Nuestras administraciones públicas deben proteger y priorizar los alimentos producidos en nuestro país y valorar realmente el esfuerzo que hay detrás de su producción. Por tanto, el sindicato SOLIDARIDAD reclama: 

  • Que para optar al concurso público de adjudicación de servicios de restauración sea un requisito que el 100% de la utilización de productos sea de origen español o procedente de la UE. Es decir, que, en cualquier comedor público y concertado con la Administración pública, solo se podrá servir producto español o de origen europeo.

Estas medidas asegurarán que las frutas, legumbres, hortalizas, pescados, carnes y demás productos alimenticios producidos territorio nacional, reciban el reconocimiento que merecen, y que todos sus productores vean asegurado que su trabajo y sacrificio es valorado y protegido por las administraciones públicas, además de proteger a los consumidores de la indefensión que padecen frente al uso de ciertos fitosanitarios cancerígenos prohibidos en Europa y utilizados en terceros países. 

Consideramos que se trata de una medida necesaria para proteger a nuestros trabajadores y para revitalizar nuestro sector primario. Es algo que llevamos afirmando desde el principio, frente a la competencia desleal, lo nuestro primero.