Solidaridad manifiesta su firme rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se está negociando entre la dirección de Alcampo y los sindicatos mayoritarios, cuyo resultado supondrá el cierre de 25 supermercados y el despido de 710 trabajadores en todo el país.
En Aragón, comunidad clave para esta cadena de distribución, más de 3.000 empleados de Alcampo y decenas de centros de trabajo del sector primario vinculados a su red de suministros están en riesgo. Hasta 37 supermercados aragoneses podrían verse afectados directamente por este proceso de reestructuración.
La pérdida de estos puestos de trabajo se suma al deterioro progresivo del sector primario español, víctima de políticas como el Pacto Verde Europeo, la deslocalización industrial, y los acuerdos comerciales que favorecen a terceros países como Marruecos o Sudáfrica, cuyos productos compiten en desigualdad con los nacionales por no cumplir con los mismos estándares sanitarios ni laborales.
Desde Solidaridad exigimos una respuesta contundente y valiente por parte de las instituciones aragonesas, y planteamos una batería de medidas urgentes para frenar este nuevo ataque al empleo y la producción nacional:
Que en el proceso de negociación del ERE participen todos los sindicatos con voluntad de defender a los trabajadores, con o sin representación en el comité de empresa, garantizando que ningún trabajador quede fuera por motivos de filiación o ideología.
Que ningún sindicato reciba compensaciones económicas por participar en la negociación del ERE ni en su resultado, para garantizar la limpieza y neutralidad del proceso.
Que el Gobierno de Aragón exija a Alcampo —empresa que ha sido beneficiaria de campañas públicas de consumo— que actúe con lealtad hacia la región y sus consumidores, manteniendo el mayor número posible de empleos.
Que se impulsen medidas para atraer inversión a Aragón, con el fin de mantener y crear empleo estable y de calidad, combatiendo la precariedad laboral y la deslocalización.
Desde Solidaridad reafirmamos nuestro compromiso con todos los trabajadores afectados, tanto del sector distribución como del campo aragonés. Nos ponemos a su disposición para asesorar, defender sus derechos y hacer frente a la pasividad de quienes se reparten sillones y subvenciones mientras miles de familias ven peligrar su sustento.