Desde Solidaridad denunciamos públicamente la escandalosa situación que ha salido a la luz en el Ayuntamiento de Ciudad Real en relación con su programa de control de plagas. Lo hacemos no solo en defensa de la salud pública, sino en firme compromiso con la integridad, la seguridad laboral y la dignidad de los trabajadores municipales, quienes podrían estar siendo forzados a realizar tareas sin la cualificación ni los equipos adecuados.
Nos sorprende y preocupa la reacción del propio Ayuntamiento y de los sindicatos (CC.OO. y CSIF), más preocupados por blindar políticamente a la institución que por esclarecer los hechos o defender a los trabajadores. Mientras que el grupo municipal VOX ponía sobre la mesa indicios graves sobre el uso de productos tóxicos sin personal cualificado, las respuestas han consistido en ataques políticos, silencios cómplices y una alarmante falta de transparencia.
RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE
Las imágenes difundidas muestran prácticas inadmisibles: el vertido de biocidas directamente en zonas con agua, algo expresamente prohibido por la normativa. Estos productos, altamente tóxicos y bioacumulativos, acaban en el río Guadiana, comprometiendo la salud del ecosistema y de los vecinos.
El uso de pulverizadores para tratar plagas como cucarachas, en lugar de métodos seguros y recomendados como cebos específicos, demuestra una absoluta dejadez técnica y una estrategia basada en el ahorro económico a costa del bienestar ciudadano. Este tipo de actuaciones, lejos de resolver los problemas, los agravan.
TRABAJADORES EXPUESTOS Y SIN PROTECCIÓN
Más grave aún es la posible utilización de personal sin la cualificación necesaria. Según la ley, estos tratamientos deben ser diseñados por técnicos de nivel 3 y aplicados por personal con carné de nivel 2. Sin embargo, todo indica que, presuntamente, se estarían utilizando empleados con titulaciones inadecuadas, como el carné de fitosanitarios, exponiéndolos así a sustancias peligrosas sin el respaldo legal ni la formación necesaria.
Desde Solidaridad exigimos al Ayuntamiento y a los sindicatos implicados que aporten de inmediato el listado completo de los certificados profesionales de los trabajadores que están realizando estos tratamientos. El ocultismo solo refuerza la sospecha de irregularidades graves.
SILENCIO Y CÓMPLICE COLABORACIÓN DE CC.OO. Y CSIF
Resulta indignante comprobar cómo CC.OO. y CSIF, en lugar de velar por la salud y la seguridad de los trabajadores, han optado por actuar como portavoces del Ayuntamiento. CC.OO. incluso admite que no es su función valorar si los productos y protocolos son adecuados, lo cual equivale a renunciar expresamente a una de sus principales responsabilidades sindicales.
Mientras los operarios carecen de los EPIs obligatorios —como se evidencia en las imágenes— estos sindicatos miran hacia otro lado, preocupados únicamente por mantener sus privilegios, liberaciones y proximidad al poder político.
SOLIDARIDAD NO VA A CALLAR
No estamos hablando de un error menor: estamos ante una gestión temeraria de sustancias peligrosas, ejecutada con posibles irregularidades laborales, que compromete la salud pública. Desde Solidaridad exigimos:
- Dimisión inmediata del concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá.
- Aportación pública de los certificados de cualificación profesional del personal aplicador.
- Revisión completa del programa de control de plagas.
- Depuración de responsabilidades por parte de los sindicatos que han encubierto esta situación.
Solidaridad seguirá denunciando cada atropello a la seguridad de los trabajadores, cada negligencia institucional y cada intento de ocultar la verdad. Porque no venimos a callar ni a convivir con el poder, venimos a poner orden y a defender sin complejos los derechos de quienes de verdad sostienen los servicios públicos: los trabajadores.