El sindicato Solidaridad denuncia la muerte de José Bermejo, buzo profesional de 62 años y natural de Santander, fallecido mientras realizaba trabajos subacuáticos en el pantano del Rumblar (Jaén). Para Solidaridad, este nuevo accidente mortal es la consecuencia directa del abandono institucional y la falta de medidas de protección reales hacia uno de los colectivos laborales más expuestos y olvidados del país.
Desde el sindicato se recuerda que los especialistas en medicina hiperbárica establecen los 55 años como la edad máxima recomendable para trabajar en entornos hiperbáricos, ya que a partir de esa edad el riesgo de accidente con resultado fatal aumenta exponencialmente. Sin embargo, el Gobierno sigue sin establecer un límite legal de edad ni un sistema de jubilación anticipada adecuado para estos trabajadores.
Solidaridad subraya que el buceo profesional está reconocido desde 1995 en el Anexo I de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como actividad de muy alto riesgo, pero que, pese a ello, ningún gobierno ha desarrollado una normativa específica que garantice la seguridad y la salud de quienes se ganan la vida en este medio hostil.
El sindicato considera “vergonzoso” el actual coeficiente reductor del 0,15, insuficiente e injusto, que ni siquiera se aplica a toda la vida laboral del trabajador, obligando a los buzos a prolongar su actividad hasta los 65 o 67 años, edades totalmente incompatibles con el ejercicio de una profesión tan exigente y peligrosa.
Por todo ello, Solidaridad hace directamente responsable al Ministerio de Trabajo del fallecimiento de José Bermejo, y exige la aprobación inmediata de un Real Decreto que fije una edad máxima de actividad y reconozca coeficientes reductores reales que permitan una jubilación anticipada digna y segura.
“Esta muerte no es un accidente inevitable, es el resultado de años de dejadez política y burocrática. El Gobierno tiene las manos manchadas”, ha declarado Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad.
Solidaridad advierte de que los buzos profesionales españoles siguen muriendo trabajando mientras la administración ignora las advertencias del propio sector y niega a estos trabajadores el derecho básico a la protección y al descanso digno tras una vida de riesgo.
