Solidaridad ha presentado el pasado 11 de abril una denuncia ante la Delegación del Gobierno contra una empresa de servicios auxiliares y su cliente por presuntamente realizar actividades propias de la Seguridad Privada sin contar con la habilitación legal correspondiente.
A día de hoy, más de tres meses después de la interposición de la denuncia, no se ha recibido respuesta alguna por parte de la Unidad Provincial de Seguridad Privada. Según han trasladado sus responsables, la falta de recursos y personal está provocando un importante retraso en la atención de las denuncias presentadas, lo que impide el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y deja desprotegidos tanto a los trabajadores del sector como a la ciudadanía.
Desde Solidaridad queremos alertar de la gravedad de esta situación. El ejercicio ilegal de funciones de Seguridad no solo vulnera la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, sino que supone un riesgo para la integridad de los trabajadores, la seguridad de las personas y la confianza en el sector.
Instamos a las autoridades competentes a que actúen con diligencia y apliquen la ley sin demoras injustificadas. Además, hacemos un llamamiento a reforzar los medios humanos y materiales de la Unidad Provincial para garantizar que estas infracciones no queden impunes.
Por razones legales y de procedimiento, Solidaridad se reserva, por el momento, la identificación pública de la empresa denunciada y su cliente, con el fin de no comprometer el desarrollo de la investigación ni poner sobre aviso a los responsables.
Seguiremos vigilantes y actuando en defensa de la legalidad y de los derechos de los trabajadores del sector de la Seguridad Privada.