El Congreso de los diputados se ahorra la indemnización por despido al contratar a los traductores como falsos autónomos.
Solidaridad ha denunciado, ante la inspección de trabajo, al Congreso de los Diputados, tras las informaciones conocidas por la posibilidad de que los traductores contratados sean «falsos autónomos».
Rodrigo Alonso ha declarado que “no nos sorprendería que progresistas e independentistas hayan puesto sus intereses políticos por delante de los derechos de los trabajadores”.
Además, añade que “hemos visto muchas veces, como en el caso de los sindicatos UGT y CCOO o de Podemos, a la hora de despedir a los suyos, indemnizan con el mínimo posible por ley. Su protección de los trabajadores se reduce a palabras vacías”.
El Secretario General de Solidaridad también ha señalado que “al tratarse de un contrato menor de servicios, el límite de contratación serán 15.000 euros hasta final de año para cada traductor, de manera que, superada esa cantidad, el Congreso no podrá contratar de nuevo sus servicios. Es decir, que todo apunta a que la contratación ha sido una chapuza.”
Los trabajadores que realizarán de forma estable y regular, funciones de traducción en el Congreso de los Diputados, acudirán a su puesto de trabajo siguiendo los horarios y los centros de trabajo marcados por la mesa del Congreso. Utilizarán los medios electrónicos e instrumentos que les dotará el Congreso y desarrollarán, en definitiva, su actividad bajo las directrices de su empleador: el Congreso de los Diputados.
De hecho, consideramos, que entre los trabajadores que realizarán funciones de traducción y el Congreso de los Diputado va a existir, y existe, una prestación de servicios voluntaria, retribuida, ajena y dependiente, lo cual conlleva a la inequívoca conclusión de que la relación que media entre las partes, trabajador-Congreso de los Diputados, es plenamente laboral, en virtud del art.1.1 del Estatuto de los Trabajadores y reiterada jurisprudencia de los tribunales.
El sindicato Solidaridad irá hasta el final de este asunto para que se haga justicia en beneficio de los trabajadores de España. Contratar a los traductores como falsos autónomos para poderse ahorrar la indemnización por despido es una vulneración de derechos laborales muy grave.