Alonso subraya cómo queda demostrada “la falta de control que UGT tiene sobre su propia organización”
Solidaridad se ha personado como acusación popular en el caso UGT Madrid en el que existen indicios de que una empleada de UGT, hija de la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carmen López, habría desviado más de dos millones de euros de fondos recibidos de FOGASA. Estos fondos deberían haber sido destinados a cubrir las indemnizaciones de afiliados que habían sido despedidos.
Según las primeras diligencias de investigación, se habrían falsificado más de 500 cheques con el fin de sustraer cantidades que, según han declarado en sede judicial personas cercanas a la principal investigada, se han destinado a sufragar viajes de lujo de la empleada de UGT y su círculo de amistades. Un escenario ante el que Solidaridad ya anuncia que perseguirá, solicitando las penas más altas que nuestro ordenamiento permita, aquellas conductas que destinen fondos públicos a satisfacer intereses privados, “jugando con el pan de las familias españolas”.
Este lunes se han producido las primeras declaraciones en sede judicial de cinco de los trabajadores de UGT vinculados a esta presunta trama. Según fuentes jurídicas, aún no se puede concretar quiénes han sido los últimos beneficiarios de las cantidades desviadas. No obstante, Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, ha advertido de que “lo que sí podemos hacer es demostrar la falta de control que UGT tiene sobre su propia organización”.
“Desde el sindicato Solidaridad, y gracias a nuestro equipo jurídico, llegaremos hasta el final para desenmascarar a los responsables de esta trama y que estos devuelvan hasta el último céntimo”, asegura Alonso. Así, el secretario general de Solidaridad avisa de que no permitirán “que la corrupción siga extendiéndose y que los autores de dichas prácticas mafiosas no paguen por lo que han hecho”.
“Nuevamente uno de los sindicatos mayoritarios -en este caso UGT Madrid- se ve envuelto en otra supuesta trama de corrupción millonaria que deberá ser resuelta en los tribunales gracias, en gran medida, a la denuncia presentada por el sindicato Solidaridad”, señala Alonso. Por su parte, Marta Castro explica que “se demuestra una falta de control de la actividad del propio sindicato, que se ha comenzado a investigar tras la denuncia de uno de los máximos dirigentes”. Por ello, señala, “queda comprobar, entre otras cosas, desde cuándo se están produciendo esos trasvases de dinero, de forma indebida, pertenecientes a los afiliados de UGT”.