Solidaridad ofrece unas medidas urgentes a llevar a cabo en favor de todos los trabajadores de seguridad privada deben ejecutarse con urgencia. Estas medidas han sido elaboradas en colaboración directa con nuestros afiliados y delegados del sector que son los que mejor conocen su realidad diaria.
Primero y fundamental, se plantea la dignificación de la profesión. Esta medida va más allá de un simple reconocimiento; busca emprender campañas de concienciación que resalten la importancia de estos profesionales, recordando a los españoles el respeto y la empatía que merecen aquellos que día tras día enfrentan riesgos para proteger a los demás.
En paralelo, la recuperación del poder adquisitivo se presenta como un pilar esencial para asegurar que los trabajadores de seguridad privada puedan vivir de su trabajo con dignidad. La propuesta de Solidaridad aboga por un ajuste salarial que no solo compense la pérdida de poder adquisitivo sufrida en las últimas décadas, sino que también refleje el valor real de su labor.
La coordinación policial emerge como otro aspecto crítico. Reconociendo que los vigilantes de seguridad son frecuentemente los primeros en enfrentarse a situaciones de peligro, se propone una integración y colaboración más estrechas con las fuerzas de seguridad del Estado. La coordinación entre la seguridad privada y pública no solo optimizaría la respuesta ante incidentes, sino que también fortalecería la sensación de seguridad en la población.
Para Solidaridad, la protección física y judicial de los vigilantes es imperativa. Equipar adecuadamente a estos trabajadores y garantizar una respuesta judicial firme frente a las agresiones son medidas que buscan no solo disuadir la violencia sino también transmitir un mensaje claro: la agresión contra un trabajador de la seguridad privada es un ataque contra la sociedad de igual manera que se considera el ataque a un policía como un ataque al Estado.
También se debe valorar el acceso a la jubilación y prejubilación, reconociendo la peligrosidad y el desgaste físico y emocional inherentes a la profesión. Permitir la prejubilación tras 35 años de servicio es una medida de justicia para quienes han dedicado su vida a proteger a los demás.
Frente al intrusismo laboral, Solidaridad enfatiza la necesidad de una lucha decidida contra aquellos que, sin la formación ni las habilitaciones necesarias, ponen en riesgo la calidad y la seguridad del servicio, así como la integridad del sector. Los españoles deben saber quién es un profesional del sector y quién es un elemento que degrada la imagen de tantos buenos trabajadores.
Por último, el combate a las empresas «pirata» en el sector se convierte en un frente crucial. La administración debe actuar con determinación para sancionar a aquellas empresas que, al no respetar los derechos laborales, no solo perjudican a sus trabajadores, sino que degradan la calidad de la seguridad ofrecida a los españoles.
España cada día es más insegura por lo que la necesidad de trabajadores de seguridad privada es exponencial. Ante esta dura y triste realidad se debe garantizar que los trabajadores de este sector estén protegidos y bien remunerados en todos los órdenes. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad. Es una lucha que debe la atención de todos los trabajadores y donde Solidaridad seguirá poniendo uno de sus principales focos de lucha sindical.