Desde el sindicato SOLIDARIDAD, queremos manifestar, en la conmemoración del 1 de mayo del presente año 2025, Día del Trabajador, que la situación social y laboral en España ha alcanzado un punto crítico. En las últimas décadas las condiciones materiales de los españoles no han parado de empeorar, y su horizonte de expectativas se ha desplomado dramáticamente. Del empleo al paro y la precariedad, de los hogares familiares al nomadeo constante y de la propiedad a la suscripción. Ese es el epitafio de generaciones enteras de desposeídos a quienes se les ha negado “tener”: ni trabajo, ni propiedad, ni familia; y, en consecuencia, se les ha negado un futuro.
Las medidas emprendidas hasta la fecha no han dado el resultado positivo que se esperaba, muchas veces tornándose losas para las familias y los trabajadores españoles. Al final, es imposible refutar los datos: más de dos millones y medio de personas oficialmente están en situación de desempleo, haciendo de España no solamente el país con más paro de toda la Unión Europea, sino que dobla la tasa de la UE. A estas cifras debemos sumar los que se encuentran en ERTE, los que están en búsqueda activa de empleo o tienen un contrato fijo discontinuo y están inactivos, por lo que el número de afectados alcanza los más de cuatro millones de personas. Además, el desempleo juvenil, entre los 16 y los 24 años, se eleva a un inaceptable porcentaje del 28,7%, once puntos por encima de la media de la UE.
Peor aún es el hecho de que el 42% de los parados tiene más de 52 años, una auténtica tragedia social que condena a una franja de la población a la vulnerabilidad y a la exclusión. El desempleo en este tramo de edad es casi el doble del que había en 2008: más del 72% de quienes reciben el subsidio están por encima de esa edad. El resultado es el coma social, con generaciones de mayores abocados a los subsidios de miseria y la prejubilación, provocando que, en su conjunto, más de un cuarto de la población en todo el territorio nacional se encuentre en riesgo de pobreza o en exclusión social.
Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia se cuentan entre los grandes perdedores de la precarización creciente. Casi la mitad de los autónomos tiene jornadas laborales superiores a las 10 horas diarias, una tercera parte apenas se puede permitir una semana de vacaciones al año y uno de cada tres autónomos ingresa menos del Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, la situación dista de ser fácil, a causa de la excesiva burocracia y del expolio impositivo. El actual aumento del número de autónomos, lejos de ser una consecuencia del crecimiento del emprendimiento, es más bien una muestra del proceso de precarización. La mayoría de ellos son, en realidad, falsos autónomos, un recurso empleado por las empresas como respuesta a las dificultades de contratación y al descenso de la productividad. No sólo en los grandes núcleos urbanos de la provincia: cada vez más trabajadores se encuentran en esta situación en poblaciones medianas e incluso pequeñas, especialmente en el sector llamado rider.
La falta de certezas laborales ya se traduce en una falta de certezas materiales y vitales: hace 30 años, muchísimos trabajadores, sin encuadrarse en la llamada clase media, ni mucho menos alta, podían permitirse con su sueldo tener un hogar familiar en propiedad y una segunda residencia en la costa catalana o en el pueblo de sus antepasados. Hace 20 años, la segunda residencia era ya una quimera para la mayoría de los catalanes y resto de españoles. Tiempo después, la primera vivienda, adalid de la estabilidad material familiar, se ha convertido en un imposible. Un vago recuerdo de tiempos mejores sin visos de recuperarse. Hoy, ni siquiera el alquiler es accesible para el grueso de nuestros jóvenes, condenados a compartir piso con extraños a precios desorbitados. En 2002, el 65% de las personas entre 23 y 28 años eran propietarias; hoy, el porcentaje ha caído más de 40 puntos. En capitales como Barcelona y alrededores, se destina más de 10 años del salario bruto en la adquisición de vivienda, más del doble que hace veinte años.
Según datos del año pasado del Observatorio de Emancipación, el salario joven mediano en 12 pagas se situaba en 1.005,22 euros netos al mes. Teniendo en cuenta que el alquiler medio de una vivienda libre era de 944 euros mensuales y que el gasto mediano en suministros de vivienda era de 138,12 euros al mes, el precio de un alquiler en solitario junto los gastos de luz, gas y otros suministros sumaría 1.082,12 euros mensuales. Es decir, el salario íntegro de un trabajador joven y todavía le faltarían 77 euros. Por si fuese poco, la habitación mediana en España costaba 375 euros al mes, el equivalente al 37,3 % del salario mediano joven. Según el informe anual del Banco de España, en 2022, el sobreesfuerzo que destinan los hogares para el pago del alquiler y gastos básicos se situaba 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea, representando un 40% del total de hogares. Hablamos de destinar el 40% o más de la renta bruta, lo que supone un auténtico calvario para miles de familias. De estas familias en alquiler, el 45% se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Y más allá de los hogares españoles, en nuestras ciudades y pueblos, la situación no es mejor. Año tras año batimos récord en inmigración ilegal y récord en criminalidad y delincuencia. La multiculturalidad ha traído a nuestras calles multiconflictividad, dinamitando el vínculo social y privando a las nuevas generaciones de una infancia como la que tuvieron sus padres. Las familias necesitan un entorno tranquilo y agradable donde echar raíces, crecer y prosperar, con la seguridad de que sus hijos no serán agredidos, de que sus hijas puedan salir de casa por la noche o de que sus mayores no van a ser atracados. Pero esas certezas están dejando de existir y avanzamos hacia un modelo incierto y peligroso.
De este proceso de pauperización, incertidumbre e inseguridades aflora una brecha cada vez más ancha entre élites y pueblo, entre gobernantes y gobernados. La crisis ha engordado a las rentas más altas mientras una mayor parte de la población dispone de cada vez menos: la distancia entre unos y otros es hoy mayor que nunca. El 10% de la población posee más del 50% de la riqueza, siendo España el país más desigual de toda Europa Occidental. Vivimos una progresiva marginalización de los sectores que comprenden la gran mayoría de la sociedad, padeciendo la inacción de los poderes públicos en materias como la vivienda, hoy convertida en un bien de lujo, particularmente en las grandes ciudades y alrededores. Esa dificultad, a su vez, da como resultado su creciente desubicación, empujando a la población más desfavorecida -entre la que hay que incluir a una depauperada clase media- a abandonar el centro de las ciudades, que se han convertido en objeto de permanente especulación.
En definitiva, una cantidad creciente de trabajadores de España sin “curro”, sin casa y sin seguridad.
Por todos estos motivos, desde el sindicato SOLIDARIDAD, manifestamos:
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La urgente necesidad de avanzar en la recuperación de la soberanía nacional de España, garantizando tomar decisiones de acuerdo con la conveniencia nacional, poniendo a las familias y trabajadores españoles como máxima prioridad. Por ello, debemos rechazar una estructura económica que nos condena a la precariedad, a la debilidad económica y a la dependencia de terceros países.
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La necesidad de reformular la economía española sobre la base de la reindustrialización y de la recuperación de la soberanía energética, ambas fuentes de trabajo estable y de calidad. Además, es imperativo revitalizar sectores abandonados del mundo agrario, capaces de emplear una gran cantidad de mano de obra, potenciar la propiedad y promover el arraigo en el territorio.
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La intención de impulsar, mediante las acciones necesarias e instando a los órganos competentes, la protección de la economía nacional, acabando con la deslocalización de empresas en el extranjero y la importación masiva de inmigrantes ilegales, así como con su posterior regularización o reparto por el territorio nacional.
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La voluntad de instar a las diferentes administraciones competentes a aplicar inmediatas rebajas fiscales a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena como medida primaria y esencial para detener su empobrecimiento. A su vez, eliminar toda imposición a los productos básicos de la cesta de la compra (carne, pescado, aceite y pasta) y reducir el IVA al mínimo, particularmente para los productos de primera infancia.
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La posición de lucha contra la especulación y el acceso imposible a la vivienda en España. Instamos a los gobiernos a poner todas las herramientas administrativas al alcance -entre ellas, disposición de suelo de titularidad pública- para la construcción de vivienda, tanto privada como pública, en régimen de protección y social de alquiler, también con derecho a la propiedad de la misma. Tampoco pueden tener privilegios los grandes fondos y más en concreto, los extranjeros, actualmente con vía libre para acaparar espacios que las familias trabajadoras necesitamos y que, junto a las mafias okupas y a la inquiokupación, hacen elevar los precios del techo hasta situaciones inalcanzables para nuestros salarios.
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El deber de acometer una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, dirigida a racionalizar su estructura y funciones, así como la de los diferentes organismos y entidades pertenecientes al sector público español, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos innecesarios o meramente ideológicos. A su vez, auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.