De tomar medidas para aumentar el poder adquisitivo, el que hemos perdido los trabajadores de España, nada de nada: entre pompa y titulares, el peor Consejo de Ministros de la España reciente -y más allá- decide el recorte de la jornada laboral a 37,5 horas, otra “medida estrella” sin cálculo alguno del impacto real en la economía española, ni en la microeconomía de nuestras pequeñas y medianas empresas. Sí, aquel clamoroso 98% del tejido empresarial y 65% del PIB nacional absolutamente despreciados día sí, día también, por casta política y mafia sindical.
Ahora tiene que pasar al Congreso de los Diputados, donde se prevé un importante desfile de insensateces, palabras carentes de rigor y falta de datos.
Esta medida es fruto del amor eterno que se profesan los infames gestores de nuestros impuestos -el Gobierno actual- y los receptores de subvenciones masivas -UGT y CCOO- y se toma totalmente aislada de los datos reales. Si huímos de las fake news oficialistas, y vamos al dato, según los que ofrece Contabilidad Nacional Trimestral que elabora el INE, la jornada media semanal en España está en 31,7 horas. ¡Menos que en 2007 y 2008! Si a este dato sumamos que supuestamente se han creado 2,3 millones de empleos desde 2018, llegada del PSOE al poder, sólo puede significar una cosa: el empleo que se está creando son jornadas troceadas, contratos en los que abunda la precariedad y la estacionalidad.
Debatir ahora si bajamos o no la jornada laboral cuando, de facto, está muy por debajo de lo que se quiere reformar, es un debate totalmente artificial. Peor aún: las consecuencias de estas decisiones las pagará, en primera instancia, el que genera empleo -ese 98% que hablábamos al principio- y luego, el propio asalariado.
Hay sectores donde la jornada laboral está ya por debajo de las 40 horas como inmobiliarias, grandes superficies y la joya de la corona: Administración pública, incluyendo sanidad y educación. Otros siguen destinando más horas, como construcción, transporte, logística y almacenamiento, industria manufacturera. La realidad para las PYMEs, especialmente para hostelería, pequeños servicios, agricultura y trabajos menos cualificados, es que la economía sumergida crecerá. La inflación nadará a gusto.
Se calcula que esta reducción supondrá un coste de 2000 euros por empleado. Coste que absorberá por un lado, el trabajador en aquellos puestos en los que haga falta trabajar menos tiempo diario pero más días para mantener una producción que asuma la subida de costes (y teniendo un día menos de descanso, pagándose el transporte, por no hablar del coste familiar), y por otro el autónomo, muchos de ellos mileuristas, no contratando a más gente, si no trabajando él mismo: en el taller, en el bar, en la tienda de ropa del barrio, no en las grandes multinacionales que claro que podrán asumir este impacto.
El debate no tiene que ser bajar las horas. ¿Qué trabajador no quiere trabajar menos y tener “más vida”, conciliar mejor? Planteemos otra pregunta: ¿qué preferimos, trabajar menos o jubilarnos a los 65?
Debemos centrar el foco en lo importante: conseguir que nuestro bienestar y nuestro poder adquisitivo se recuperen. Estamos en niveles similares a los que sucedieron al boom de la burbuja inmobiliaria y al rescate de los bancos, hace una década y largo. Los precios y el coste de la vida han acelerado mientras que nuestros salarios, expoliados fiscalmente, no lo han hecho a la par, ni de lejos.
Si no rebajamos cotizaciones en nuestras nóminas; si no reducimos impuestos; si no hacemos viable para el empleador generar empleo de calidad y estable; si no hacemos posible reflotar el Estado del bienestar para los trabajadores eliminando gasto político superfluo, derroche en forma de ministerios, chiringuitos y subvenciones ideológicas; si no hablamos de eliminar la paguita a patronales y a sindicatos: no estaremos ante el momento de ver crecer nuestro poder adquisitivo.
Sin rebaja fiscal, no hay ganancia laboral, por menos horas que trabajemos. Este desatino: que lo pague Sánchez.