Ante un posible cambio de Gobierno con influencia de Solidaridad, los más subvencionados exigen su protección económica por ley.
Los dos sindicatos más subvencionados, CCOO y UGT, han propuesto esta semana un documento en el que se expone la necesidad de cambiar la financiación de las “organizaciones dedicadas al diálogo social” -es decir, para ellos mismos- para blindar su forma de ingresos “para que no dependa de la voluntad política”. Pretenden «compensar la dedicación y asistencia» en el ámbito de la negociación colectiva de las organizaciones sindicales y también de las empresariales más representativas (que afectaría a CEOE, por ejemplo). Es decir: que no se limite solamente a las subvenciones estatales, autonómicas o municipales, sino que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado una partida dedicada a ellos.
Actualmente no existe en el ordenamiento jurídico español una norma que fije una cantidad específica de financiación estatal, algo que en este momento depende de la voluntad del Gobierno de turno. Ante esto, CCOO y UGT buscan la triquiñuela legal de disponer de una cantidad de dinero público fijo en concepto de financiación, para seguir viviendo del cuento y a cuerpo de rey a costa de los contribuyentes.
Desde el sindicato Solidaridad no se han hecho esperar y han reaccionado a esta propuesta. En palabras de su secretario general, Jordi de la Fuente, “ahora los comegambas pretenden cobrar por lo que se supone que debería ser una vocación de servicio”, al respecto del diálogo social “remunerado”. Esta propuesta “evidencia la categoría de casta parasitaria de los sindicatos UGT y CCOO. Una casta sindical que le da igual la defensa de los derechos de los trabajadores. Ellos están por cobrar”, sentencia De la Fuente.
Para Solidaridad, el interés real de esta casta sindical es mantener una administración paralela de liberados, enchufados y privilegiados, a costa del dinero de los contribuyentes. De la Fuente afirma que “esta propuesta llega antes de unas elecciones generales de las que puede surgir un nuevo Gobierno, en el que Solidaridad puede influenciar en materia laboral y sindical, acabando con los privilegios de los que han vivido tan bien a costa del trabajador español”.
Este sindicato es el único que propone eliminar las subvenciones de todo tipo a entes sindicales y empresariales, para que pasen a financiarse exclusivamente de sus cuotas de afiliación, para que los recursos económicos derivados de los impuestos desorbitados que pagan las familias trabajadoras españolas estén destinados a cubrir sus necesidades más importantes y mejorar los servicios públicos, y no para engordar ni las arcas, ni los salarios, de supuestos agentes sociales que no son más que vividores de lo público.
