Un concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera está siendo investigado judicialmente tras la denuncia de una trabajadora interina que fue colocada de forma irregular en una plaza de auxiliar de urbanismo.
Según consta en el sumario, la denunciante habría accedido al puesto fuera de los cauces legales, y decidió revelar el caso al comprobar que el proceso había sido “amañado” desde el inicio para justificar su designación. La denuncia se apoya en seis grabaciones de audio, ya incorporadas al procedimiento judicial, en las que varias trabajadoras municipales admiten abiertamente que la plaza “ya estaba dada”, que la beneficiaria “ya trabajaba en el Ayuntamiento” antes del concurso, y que todo el proceso era una simulación administrativa.
Ante la gravedad de los hechos, el sindicato Solidaridad ha mostrado su respaldo a la denunciante, exigiendo la depuración de responsabilidades y alertando de un patrón de corrupción estructural que afecta al Ayuntamiento de Arcos desde hace varias legislaturas.
“El valor de esta trabajadora al denunciar públicamente cómo fue utilizada dentro de una operación política pone en evidencia un sistema corrupto y sostenido en el tiempo, donde las plazas públicas han sido moneda de cambio”, declaró un portavoz del sindicato.
Este caso se suma a otros tres procesos judiciales que afectan a gobiernos de PSOE y PP en el municipio:
- Una exconcejal del PSOE ha sido procesada por prevaricación administrativa, fraude y tráfico de influencias, al haber ofrecido una plaza pública a cambio de un voto político.
- El exalcalde y varios concejales del anterior equipo de gobierno socialista han sido enviados a juicio por enchufar a hijos y familiares en la administración local mediante procedimientos irregulares.
- La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al exalcalde José Luis Núñez (PP) por prevaricación administrativa, tras comprobar que interfirió directamente en un proceso de contratación pública para beneficiar a una persona concreta.
“PSOE, PP y otras coaliciones locales han utilizado durante años las instituciones municipales para repartir plazas a dedo. Los casos ya no son rumores ni sospechas: hay audios, denuncias, procesamientos y condenas firmes”, señaló Solidaridad.
El sindicato exige la anulación inmediata de todos los procedimientos viciados, una intervención institucional urgente y la protección de quienes se atrevan a denunciar prácticas corruptas dentro de la administración.
“Es hora de limpiar las instituciones. Lo que ocurre en Arcos de la Frontera es intolerable y debe marcar un antes y un después en la gestión del empleo público”, concluyó Solidaridad.
