Mientras que el Gobierno ataca a la hostelería, cerrada en varias comunidades autónomas, como Castilla y León, País Vasco, Cataluña y La Rioja, el Ministerio del Interior ha emitido una orden a los funcionarios de prisiones en la que indica que los desplazamientos entre comunidades autónomas para visitar a los presos se encuentran como una excepción de fuerza mayor.
Los mandos de incidencia de las prisiones han indicado a los funcionarios que, a cualquier familiar de un interno que solicitara se le entregaría un justificante para el viaje de vuelta.
Esta situación ya se produce desde el pasado fin de semana en las prisiones españolas, al tiempo que a la hostelería se le impide trabajar, se le amenaza con multas y no se les ayuda económicamente. De este modo, un bar no puede abrir, pese a las medidas de seguridad que este sector ha adoptado para garantizar la seguridad de los clientes, pero una persona se puede desplazar, por ejemplo, de Vitoria a Palencia para visitar a un preso etarra
