El sindicato Solidaridad denuncia que la convocatoria de UGT y CCOO para este miércoles, 11 de noviembre, no es una huelga general, sino un «circo general» al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo reconoció la propia vicesecretaria general del PSOE y coordinadora de su campaña, María Jesús Montero: «Es contra la oposición».

UGT y CCOO llevan ocho años sin convocar una huelga general, y lo hacen ahora, con unas elecciones generales ya convocadas y a las puertas de la campaña. Para Solidaridad, este súbito despertar de los sindicatos de siempre tiene una explicación clara. Durante los gobiernos de Sánchez, las ayudas directas a los grandes sindicatos casi se han multiplicado por cuatro, de 8,8 a 32 millones de euros. En conjunto, UGT y CCOO recibieron más de 569 millones en ayudas públicas entre 2018 y 2025, según los datos de Hacienda publicados en medios.

Ni una huelga en ocho años de Sánchez. Ni una huelga con la inflación en el 4,9%, la más alta de las grandes economías del euro. Ni una huelga cuando la cuota de la hipoteca se come el 38% de la renta de los hogares, el peor dato desde 2011, y comprar una vivienda media cuesta 8,36 años de renta bruta. Ni una huelga cuando el sueldo más frecuente en España se ha quedado en 16.520 euros al año. Ni una huelga mientras España se convertía en el país de la UE con más pobreza infantil (28,4%) y en el quinto con más privación material y social severa, que ha pasado del 7,4% al 8,1% de la población mientras la media europea bajaba. Ni una huelga cuando el Ingreso Mínimo Vital solo llega a una de cada cinco personas en situación de pobreza. Ni una huelga con 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica, un récord. Y ni una huelga mientras el Estado subía impuestos y cotizaciones 141 veces y aumentaba su recaudación un 40%. Para todo eso, UGT y CCOO no tuvieron tiempo. Para salir a la calle contra la oposición a tres semanas de las elecciones, sí.

Frente a esta hipocresía, Solidaridad apuesta por una verdadera defensa del trabajador: poner a los españoles como prioridad y trabajar para que tengan salarios dignos, oportunidades reales de acceso a la vivienda y unos servicios esenciales de calidad, como la sanidad y la educación.