El sindicato Solidaridad ha presentado una denuncia formal ante la Subdelegación del Gobierno de Valencia, dirigida a la Unidad Central y a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, contra la empresa Clece Seguridad S.A.U. por posibles irregularidades graves en el cumplimiento de la formación permanente obligatoria del personal de seguridad privada en la provincia de Castellón.
La denuncia ha sido interpuesta por José Manuel Sánchez Vilas, Coordinador Provincial de Solidaridad en la Comunidad Valenciana, tras recibir diversas quejas de trabajadores del sector que alertan de prácticas presuntamente contrarias a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
Según expone el sindicato, Clece Seguridad cuenta con una plantilla aproximada de 120 vigilantes en la provincia de Castellón, a los que estaría imponiendo como “formación” un simple reparto de sobres informativos relacionados con un servicio externo de apoyo psicológico, denominado “Cuidado en Red”, acompañado de una hoja de firmas con formato oficial de formación, lo que podría suponer un intento de simular acciones formativas que no cumplen los requisitos legales.
De acuerdo con la documentación aportada en la denuncia, dicha actuación se habría presentado como formación oficial ante organismos competentes, pese a que no consta impartición real de contenidos, ni sesiones formativas, ni cumplimiento de las horas obligatorias, exigidas por la normativa vigente. La Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilantes a realizar al menos 20 horas anuales de formación continua, siendo responsabilidad directa de la empresa garantizarla correctamente.
Solidaridad advierte de que la utilización de personal sin la formación reglamentaria constituye una infracción grave, sancionable con multas de hasta 30.000 euros, además de posibles suspensiones de actividad o responsabilidades adicionales. Asimismo, recuerda que también podría derivarse responsabilidad si se acreditara que se han comunicado datos formativos inexactos a organismos oficiales.
El sindicato ha solicitado expresamente a la Subdelegación del Gobierno que traslade los hechos a la Policía Nacional –Unidad de Seguridad Privada–, para que se investiguen los posibles incumplimientos, se verifique si los reciclajes obligatorios se han realizado conforme a la ley y, en su caso, se adopten las medidas sancionadoras correspondientes.
Desde Solidaridad se advierte que la formación no es un trámite administrativo ni un mero papel, sino una obligación legal destinada a garantizar la profesionalidad, la seguridad jurídica y la correcta prestación del servicio por parte de los vigilantes de seguridad.
“Eludir o falsear la formación obligatoria pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los ciudadanos y degrada el sector de la seguridad privada. No lo vamos a permitir”, señalan desde el sindicato.
