De acuerdo con la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, existen una serie de edificios que integran el patrimonio de España y que pertenecen al Estado, quien puede cederlos en uso a sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales.
Los últimos datos nos hablan de un total de 68 edificios cedidos a sindicatos y patronal, lo que supone un total de 173.149 metros cuadrados. Además, no se trata tan solo de edificios o metros cuadrados, sino que estaríamos hablando de un patrimonio sindical acumulado -y cedido por el Gobierno- que repercute, directamente, en las arcas del Estado, y cuyo importe total, en concepto de
IBI, asciende anualmente a 1.597.140,01 euros.
Estos 68 edificios, repartidos entre UGT (32), CIG (1), CCOO (20), CEOE (11), USO, (2), CGT (1), ELA (1), están pagados por todos los españoles, lo que significa que los sindicatos representativos y la patronal no solo reciben subvenciones millonarias, sino que, además, muchas de sus sedes repartidas por todo el territorio nacional están pagadas por españoles que no se encuentran afiliados a dichos sindicatos.
El sindicato Solidaridad, financiado única y exclusivamente, con el dinero de sus afiliados sostiene que es “una vergüenza que millones de españoles no puedan permitirse acceder a una vivienda”, recalcando, además, “ni en propiedad ni en alquiler, mientras sindicatos y patronal siguen percibiendo millones de euros en subvenciones y haciendo uso de edificios cedidos por el Estado”.
Así mismo, recalcan desde el sindicato, que “continuaran luchando para desenmascarar a los sindicatos tradicionales” a los que definen como “estructuras mafiosas de corrupción”. “Los españoles deben conocer a donde se destinan sus impuestos y como son utilizados por el Estado, ya que resulta inadmisible que, mientras que millones de trabajadores se encuentran en situación precaria y sin asistencia laboral, sindicatos y patronal reciban millones de euros de dinero público”, sostiene Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad.
Los datos de dicho listado son públicos y pertenecen al Ministerio de Trabajo y Economía Social.