El Gobierno ha aprobado este martes, con la Ministra de Trabajo a la cabeza, la ley que garantiza el subsidio de desempleo para las empleadas del hogar, dotándolas de los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Dichas empleadas, que empezarán a cotizar por desempleo a partir del 1 de octubre, tendrán que esperar a cotizar el periodo legal mínimo exigido, normalmente un año, para poder generar el derecho a acceder a la prestación. Una vez pasado ese periodo, si son despedidas de su trabajo, podrán acceder a cobrar el subsidio como el resto de los trabajadores.
Ante esta situación, los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han denunciado que el organismo no tiene personal suficiente para hacer frente a la tramitación de estas prestaciones. Según fuentes internas, el SEPE ha perdido casi 4.000 trabajadores en los últimos diez años -sumados a los 1.500 interinos incorporados en la pandemia y ya despedidos-, lo que supone un déficit de personal de más de 5.000 trabajadores que ya no están atendiendo al público.
Aunque este subsidio ya haya sido aprobado, y la lluvia de solicitudes no empiecen a producirse a corto plazo, es evidente que tal falta de efectivos se traducirá en un servicio ineficiente, ya que el SEPE, a nivel nacional, gestiona mas de 47 subsidios en los que se calculan demoras de mas de tres meses en el reconocimiento y concesión de las prestaciones.
“La situación del SEPE no ha sido buena durante la pandemia, no es buena ahora y será caótica con las dificultades que se avecinan. Si se necesitan que más de 4.000 trabajadores públicos vuelvan a ser contratados para mejorar el servicio del SEPE, y atender las necesidades de los españoles, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo tienen que poner todo de su parte para que así sea”, apunta Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad.
“Es inadmisible que las listas de espera sean de dos, tres o cuatros meses. Cientos de miles de españoles en paro, o en una situación de precariedad, no pueden esperar tanto tiempo para percibir las ayudas, prestaciones y servicios que deben percibir. Que el SEPE de un servicio de calidad es una cuestión de justicia y dignidad”, sentencian desde el sindicato Solidaridad.