El próximo 18 de Junio, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) convoca, junto a UGT y CCOO, una manifestación supuestamente en defensa del empleo de calidad, los derechos de los trabajadores, mayores salarios e inversiones. Justo todo lo contrario a lo que han promovido, auspiciado y aplaudido durante estos años.

El sindicato Solidaridad considera que a pesar de las reivindicaciones genéricas de esta convocatoria, totalmente asumibles por el conjunto de los trabajadores, esta marcha no es otra cosa que un claro apoyo a la desastrosa gestión del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez y a las medidas de la Unión Europea que han llevado a la ruina a los salarios y a las condiciones laborales de asalariados y autónomos en España. La complicidad de los sindicatos mayoritarios y “de clase” con la coalición progresista y anti-soberanista del tablero político, a izquierda y derecha, ha hundido los salarios reales, los servicios públicos y los derechos sociales introduciendo al territorio europeo y español millones de personas provenientes de todo el mundo, de forma inasumible para el mercado laboral e injusta para los autóctonos; con ello, ha reventado nuestros servicios y el acceso a una vivienda digna.

Como no podrá ser de otra forma, CCOO y UGT seguirán pidiendo subidas salariales ficticias sin pedir una reforma fiscal que rebaje drásticamente el expolio que sufren los trabajadores y los empleadores en cada nómina. Tampoco habrá crítica alguna al acceso a las ayudas sociales y a los servicios de asistencia, en las que las familias trabajadoras españolas ni tienen prioridad, ni pronto tendrán acceso, debido a la cobertura de cientos de miles de nuevos regularizados y, peor todavía, de irregulares que tendrán acceso igualmente. “Así que a estos sindicatos vende patrias y vende obreros”, en palabras del secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, “les decimos alto y claro: menos arrodillarse ante el poder del dinero o woke y más ponerse a trabajar de verdad”.

Desde Solidaridad se reivindica una bajada drástica de los impuestos, lo cual influiría positivamente cara a facilitar la creación de empleo estable y un mayor poder adquisitivo para los españoles; la recuperación de nuestra soberanía económica y energética, acompañada de reindustrialización nacional; protección de nuestro sector primario, productividad y tecnología para el campo español, contra Mercosur y tratados contrarios a nuestros intereses; fronteras cerradas y control estricto de los flujos migratorios, acabando con su masificación y la implantación de la preferencia nacional para ayudas sociales, cuyo único objetivo debe ser la defensa de la familias más necesitadas y la reinserción en el mundo laboral como medidas para alcanzar la justicia social.

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El sindicato Solidaridad, que tiene una amplia representación en el sector, señala la chapuza que supone el nuevo convenio estatal de seguridad privada, que ha puesto en pie de guerra a la mayoría de trabajadores. Debido a varios errores detectados en el texto de dicho convenio 2027-2030, el Ministerio de Trabajo lo ha devuelto, dando diez días hábiles de plazo para su subsanación por la Comisión negociadora formada por los sindicatos firmantes, UGT, CCOO y USO, sin representar a miles de trabajadores sindicados en otras plataformas.

Entre otros errores, este convenio:

• Llama de forma distinta a un mismo grupo profesional e introduce un nivel profesional inexistente.
• Introduce una ilegalidad: justificación de la movilidad “por necesidad” y no por causas justificadas como exige la ley. Se mencionan importes de dietas sin explicar claramente su aplicación. Remite a un anexo inexistente usos de términos incorrectos como “gran invalidez” en lugar de “gran incapacidad”.
• Errores de redacción en lo relativo a la compensación de jornada y en lo relativo a traslados. No actualización de la excedencia por cuidado familiar (presente en la reforma de 2023). Contiene también defectos de forma en la aportación de un documento de la Seguridad Social que que carece de firma.
• Ilegalidades como limitar quién puede negociar la inaplicación del convenio, así como dar poder a una comisión técnica para la modificación del mismo. También la redacción errónea del artículo 80 que contraviene la reforma de 2024.

Estos errores evidencian el ínfimo nivel de la Comisión negociadora, suponiendo una demora en la aplicación del convenio y un perjuicio para todos los trabajadores del sector de la seguridad privada que necesitan actualizar y mejorar sus condiciones laborales. “Esto se debe a que no se escucha a los trabajadores, a los profesionales del sector, que se les abandona y sólo se les dice lo que tienen que hacer, se les dicta. Están absolutamente desamparados pero en tantísimas ocasiones siguen siendo la primera fuerza de choque”, declara Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad.

Desde Solidaridad exigimos un mayor celo a la Comisión negociadora, pues los errores arriba citados demuestran un grado de ineptitud, falta de seriedad y mal hacer intolerables que repercuten negativamente en las condiciones de los trabajadores de empresas de seguridad.

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Tras semanas de tensión y una huelga convocada entre los días 20 y 25 de junio —coincidiendo con la verbena de San Juan y la Fiesta Mayor del municipio—, la plantilla de FCC, empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento en Cornellà de Llobregat, ha logrado arrancar un acuerdo beneficioso tras una intensa reunión de urgencia que se alargó desde las 17:00h hasta las 2:00h de la madrugada justo del día anterior al inicio de la convocatoria.

El nuevo convenio firmado con la empresa y el Ayuntamiento de Cornellà contempla una subida salarial del 2,3% y una nueva paga adicional progresiva de hasta 800 euros en los próximos cuatro años. Una reivindicación justa por parte de los trabajadores, que durante años han sufrido la pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones laborales muy por debajo de las de municipios vecinos, a pesar de que Cornellà cuenta con más de 90.000 habitantes y una altísima densidad de población.

Desde SOLIDARIDAD siempre hemos respaldado esta huelga. No se trataba de un simple desacuerdo salarial: simboliza la lucha por la dignidad laboral y la justicia social de los trabajadores frente a una Administración pública con sus propios intereses. La ciudad está sucia, pero no por culpa de sus trabajadores: el gobierno municipal socialista ha preferido derrochar el dinero de los vecinos en chiringuitos e idioteces, antes que invertir en bienestar y condiciones laborales de quienes realmente la mantienen en pie cada día.

Este acuerdo demuestra la importancia de la unidad y organización entre los trabajadores y una voluntad real de defender lo que es justo. La presión organizada ha funcionado. Cuando el Ayuntamiento socialista se vio contra las cuerdas, con la ciudad a punto de quedar paralizada por completo, de repente apareció el dinero que según el alcalde de la localidad, Antonio Balmón, «no existía». Ya lo sabemos: cuando se aprieta, salen los recursos.

“El alcalde Balmón sacó la billetera a las dos de la madrugada, a última hora y con el paro total de la limpieza viaria a punto de empezar. Como una sorpresa, apareció el dinero que, hasta entonces, no existía. La realidad es que el Ayuntamiento prefiere gastarse el presupuesto en su propaganda ideológica antes que en garantizar condiciones dignas para los trabajadores que mantienen limpia la ciudad. Esta victoria demuestra que una plantilla unida puede tumbar la desidia del bipartidismo que nos ha llevado a perder poder adquisitivo año tras año. Con este nuevo acuerdo, los trabajadores de FCC se acercan a recuperar lo que se les debe. Hoy toca alegrarse: esta batalla se ha ganado.”
 — Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad.

Desde SOLIDARIDAD reiteramos nuestro apoyo a los trabajadores de limpieza viaria de Cornellà, a los afiliados a nuestro sindicato y a los que no, y ponemos nuestros recursos a disposición para seguir defendiendo la justicia laboral allí donde sea necesaria. La victoria es suya, pero el ejemplo es para todos.

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En 2022, el gobierno destinó 6.480 millones de euros a las Políticas Activas de Empleo (PAE), un incremento marginal del 0.2% respecto a 2021, año en el que ya se había realizado un aumento extraordinario del 35.7%.

Recientemente, Yolanda Díaz ha anunciado la movilización de otros 1.800 millones de euros para estas políticas, sumando a la ya considerable suma invertida sin resultados.

«Estamos ante un claro ejemplo de cómo el SEPE está tirando el dinero de los españoles», declara Rodrigo Alonso, secretario general del Sindicato Solidaridad. «¿Dónde está todo ese dinero? ¿6.000 millones al año? Cada puesto de trabajo que crea el SEPE nos cuesta 20.000 euros».

Los datos del SEPE del tercer trimestre de 2023 muestran que, de 4.300.000 demandantes de empleo registrados, solo aproximadamente el 7.8% ha conseguido trabajo. Este bajo rendimiento se contrasta con el enorme gasto público, incluyendo los 63 millones de euros adicionales gestionados dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, que pretende adaptar las habilidades laborales sin mostrar un impacto claro en la mejora del empleo.

«Es un despilfarro sin precedentes. No solo no estamos avanzando, sino que, además, se manipulan las cifras para ocultar la ineficacia del sistema ante la ciudadanía», insiste Alonso. «Exigimos una auditoría exhaustiva y reformas profundas para que el SEPE deje de ser un pozo sin fondo y comience a ofrecer soluciones reales y efectivas para los desempleados en España».

Desde el Sindicato Solidaridad, reclamamos que se revise cómo se están utilizando estos recursos y que se implementen cambios significativos para que el dinero de los españoles se invierta de manera que genere resultados reales y beneficios tangibles.

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Solidaridad ha denunciado, ante la inspección de trabajo, al Congreso de los Diputados, tras las informaciones conocidas por la posibilidad de que los traductores contratados sean «falsos autónomos».

Rodrigo Alonso ha declarado que “no nos sorprendería que progresistas e independentistas hayan puesto sus intereses políticos por delante de los derechos de los trabajadores”.

Además, añade que “hemos visto muchas veces, como en el caso de los sindicatos UGT y CCOO o de Podemos, a la hora de despedir a los suyos, indemnizan con el mínimo posible por ley. Su protección de los trabajadores se reduce a palabras vacías”.

El Secretario General de Solidaridad también ha señalado que “al tratarse de un contrato menor de servicios, el límite de contratación serán 15.000 euros hasta final de año para cada traductor, de manera que, superada esa cantidad, el Congreso no podrá contratar de nuevo sus servicios. Es decir, que todo apunta a que la contratación ha sido una chapuza.”

Los trabajadores que realizarán de forma estable y regular, funciones de traducción en el Congreso de los Diputados, acudirán a su puesto de trabajo siguiendo los horarios y los centros de trabajo marcados por la mesa del Congreso. Utilizarán los medios electrónicos e instrumentos que les dotará el Congreso y desarrollarán, en definitiva, su actividad bajo las directrices de su empleador: el Congreso de los Diputados.

De hecho, consideramos, que entre los trabajadores que realizarán funciones de traducción y el Congreso de los Diputado va a existir, y existe, una prestación de servicios voluntaria, retribuida, ajena y dependiente, lo cual conlleva a la inequívoca conclusión de que la relación que media entre las partes, trabajador-Congreso de los Diputados, es plenamente laboral, en virtud del art.1.1 del Estatuto de los Trabajadores y reiterada jurisprudencia de los tribunales.

El sindicato Solidaridad irá hasta el final de este asunto para que se haga justicia en beneficio de los trabajadores de España. Contratar a los traductores como falsos autónomos para poderse ahorrar la indemnización por despido es una vulneración de derechos laborales muy grave.

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