La central nuclear de Santa María de Garoña se desmantelará entre 2022 y 2031, en tres fases y siguiendo un procedimiento extraordinario, porque al apagarse abruptamente en 2012, no se pudieron planificar las actividades preparatorias durante su etapa final de operación. Los trabajos arrancarán sin haber vaciado la piscina de la instalación de 440 toneladas de combustible nuclear gastado.
Corría diciembre de 2012 cuando el reactor de Garoña se detuvo. El titular de la central, Nuclenor -filial de Endesa e Iberdrola a partes iguales- recibió una multa de 18,4 millones por haber apagado la planta sin los permisos correspondientes, al objeto de evitar el pago de un nuevo impuesto sobre el combustible nuclear gastado.
Oficialmente, la instalación se encuentra en situación de parada definitiva desde 2017 y encara ya su desmantelamiento. De hecho, Enresa, la empresa pública encargada de hacerlo, indica a elEconomista que ultima la documentación para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que Nuclenor le ceda la titularidad de la central, algo que espera hacer durante este trimestre.
El borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), recientemente publicado, señala que el coste de desmantelar y clausurar todas las centrales nucleares del país ascenderá a unos 4.224,9 millones de euros, sin considerar la gestión definitiva de los residuos radiactivos generados en los desmantelamientos.
Costes "en proceso de actualización"
Esta sorprendentemente exacta cifra resulta ser orientativa, puesto que depende del cumplimiento del calendario de cierre de las plantas atómicas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, excepto en el caso de Garoña, puesto que la central ya está parada. Sin embargo, Enresa no facilita a este periódico el coste de desmantelar la central, indicando que "los costes totales del proyecto de desmantelamiento de Santa María de Garoña están en proceso de actualización".
Sea como fuere, para desguazar Garoña se seguirá un procedimiento especial. El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas -Real Decreto 1836/1999- exige que antes de conceder la autorización de desmantelamiento se hayan vaciado el combustible gastado del reactor y de las piscinas, algo que no cumple la central, por su repentino cierre.
No obstante, esta norma permite excepcionalmente iniciar el desmantelamiento con combustible en la piscina -hay 2.505 elementos-, si así lo aprueban el Miteco y el Consejo de Seguridad Nuclear, y Enresa confía en que así ocurra.
Por lo tanto, en los planes de la compañía presidida por José Luis Navarro hay una primera fase de transición, hasta la transferencia de titularidad, prevista para 2022, para trabajos de ingeniería, en la que se debería empezar a trasladar el combustible gastado de la piscina a su Almacén Temporal Individual (ATI), actualmente vacío.
Más de 127 millones para contenedores
Precisamente la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó que Ensa construya 44 contenedores para ese combustibles gastado por 127,6 millones. La empresa pública cántabra los servirá a partir de 2023 -un año después de lo que esperaba Enresa al redactar el borrador del PGRR- y se depositarán en el ATI.
Luego, en una segunda fase de tres años, hasta 2024, se vaciará la piscina, se desmantelará el edificio de turbinas y se tramitarán los permisos para la tercera fase.
En la tercera fase, de siete años, hasta 2031, se desmantelará el resto de edificios e instalaciones, incluyendo sistemas y componentes, se descontaminarán y se demolerán los inmuebles que sea necesario y se restaurará y liberará el emplazamiento nuclear.
Más de 1.340 millones por tener residuos en Francia y Reino Unido
Por otro lado, España terminará pagando unos 1.340 millones de euros a Reino Unido y Francia por reprocesar y albergar combustible nuclear gastado de Garoña y de la accidentada central de Vandellós I desde inicios de los años 80, según los cálculos del borrador del nuevo PGRR.
España tuvo que mandar al extranjero residuos de las dos instalaciones atómicas porque no hay donde guardarlos de un modo seguro dentro de nuestras fronteras. A 31 de diciembre del año pasado, la factura por que ambos países nos prestaran ese servicio ya sumaba 1.288 millones.
En la actualidad, abonamos a Francia más de 74.600 euros al día por los residuos de Vandellós I, incluyendo una penalización desde julio de 2017 que el país vecino nos devolverá cuando los residuos crucen los Pirineos y regresen a España.
ATC a partir de 2028
Pero para eso hay que tener ya construido un Almacén Temporal Centralizado (ATC), que originalmente estaba planificado para 2010 y el borrador del PGRR no augura antes de 2028. En la actualidad ni siquiera está decidido su emplazamiento, aunque Enresa ha gastado ya unos 80 millones en habilitar unos terrenos en Villar de Cañas (Cuenca).
La factura final por este capítulo, contando con la devolución de la penalización de Francia, ascenderá a 1.340 millones, según el borrador del PGRR.
