23 de abril. El sindicato Solidaridad ha celebrado hoy la festividad de Sant Jordi en Barcelona con la instalación de una carpa informativa en la que ha participado su secretario de organización, Jordi de la Fuente. En un ambiente festivo y reivindicativo, De la Fuente ha aprovechado la jornada para realizar un importante anuncio sobre las próximas movilizaciones de la formación.

Durante su intervención, Jordi de la Fuente ha destacado la importancia de celebrar la «auténtica Diada de Cataluña», subrayando que Sant Jordi es una festividad que supera ideologías y está profundamente arraigada en la identidad del pueblo español y catalán. Ha criticado duramente a otros sindicatos por abandonar estas tradiciones en favor de agendas globales que, según su criterio, no representan los intereses ni la cultura de los trabajadores locales.

El anuncio central de la jornada ha sido la convocatoria de Solidaridad para el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. A diferencia de las movilizaciones habituales, el sindicato ha decidido trasladar su acto principal a Jaén. Esta decisión responde a la entrada en vigor del tratado internacional Mercosur, al que el sindicato se opone frontalmente por considerarlo una amenaza directa para el sector primario español.

De la Fuente ha denunciado las consecuencias que este acuerdo tendrá para los agricultores y pescadores:

Competencia desleal: El tratado facilita la entrada de productos de terceros países que no cumplen con las mismas exigencias que los nacionales.

Destrucción del olivar: Se ha alertado sobre la sustitución de cultivos tradicionales en España por la importación de aceite de países como Marruecos o los derivados del acuerdo con Mercosur.

Desmantelamiento del campo: El secretario ha señalado el contraste entre la pérdida de explotaciones agrícolas y la instalación de infraestructuras energéticas en terrenos anteriormente productivos.

La jornada del 1 de mayo en Jaén contará con una manifestación y un acto posterior en el que participarán representantes de VOX, incluyendo a su presidente, Santiago Abascal, y al candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, quienes acudirán como invitados para apoyar las reivindicaciones del sindicato en defensa de las familias trabajadoras del campo.

Con este movimiento, Solidaridad busca visibilizar el «atropello» que sufren las familias trabajadoras y exigir la abolición de tratados que, a su juicio, arruinan la producción nacional en favor de intereses extranjeros.

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Según ha advertido, con esta «regularización» se van a habilitar las oficinas de Correos para la realización de este trámite administrativo, además de las de la Seguridad Social, pese a tratarse de una función que corresponde a las oficinas de Extranjería.

En este sentido, representantes sindicales han alertado de la precipitación en la puesta en marcha de esta medida, así como de la falta de planificación y de capacitación de los empleados para asumir estas funciones. Una situación que agravará el funcionamiento de un servicio que «ya está bastante tensionado por la falta de personal».

Solidaridad ha mostrado su oposición frontal a la «regularización» masiva de inmigrantes y ha respaldado el recurso anunciado por VOX ante el Tribunal Supremo solicitando su suspensión cautelar. Porque, para el sindicato, «la inmigración masiva tiene consecuencias como la inseguridad, el deterioro de los servicios, la precarización social y un impacto negativo en la seguridad y la convivencia».

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Los dos sindicatos más subvencionados, CCOO y UGT, han propuesto esta semana un documento en el que se expone la necesidad de cambiar la financiación de las “organizaciones dedicadas al diálogo social” -es decir, para ellos mismos- para blindar su forma de ingresos “para que no dependa de la voluntad política”. Pretenden «compensar la dedicación y asistencia» en el ámbito de la negociación colectiva de las organizaciones sindicales y también de las empresariales más representativas (que afectaría a CEOE, por ejemplo). Es decir: que no se limite solamente a las subvenciones estatales, autonómicas o municipales, sino que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado una partida dedicada a ellos.

Actualmente no existe en el ordenamiento jurídico español una norma que fije una cantidad específica de financiación estatal, algo que en este momento depende de la voluntad del Gobierno de turno. Ante esto,  CCOO y UGT buscan la triquiñuela legal de disponer de una cantidad de dinero público fijo en concepto de financiación, para seguir viviendo del cuento y a cuerpo de rey a costa de los contribuyentes.
Desde el sindicato Solidaridad no se han hecho esperar y han reaccionado a esta propuesta. En palabras de su secretario general, Jordi de la Fuente, “ahora los comegambas pretenden cobrar por lo que se supone que debería ser una vocación de servicio”, al respecto del diálogo social “remunerado”. Esta propuesta “evidencia la categoría de casta parasitaria de los sindicatos UGT y CCOO. Una casta sindical que le da igual la defensa de los derechos de los trabajadores. Ellos están por cobrar”, sentencia De la Fuente.

Para Solidaridad, el interés real de esta casta sindical es mantener una administración paralela de liberados, enchufados y privilegiados, a costa del dinero de los contribuyentes. De la Fuente afirma que “esta propuesta llega antes de unas elecciones generales de las que puede surgir un nuevo Gobierno, en el que Solidaridad puede influenciar en materia laboral y sindical, acabando con los privilegios de los que han vivido tan bien a costa del trabajador español”.

Este sindicato es el único que propone eliminar las subvenciones de todo tipo a entes sindicales y empresariales, para que pasen a financiarse exclusivamente de sus cuotas de afiliación, para que los recursos económicos derivados de los impuestos desorbitados que pagan las familias trabajadoras españolas estén destinados a cubrir sus necesidades más importantes y mejorar los servicios públicos, y no para engordar ni las arcas, ni los salarios, de supuestos agentes sociales que no son más que vividores de lo público.

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Solidaridad denuncia la orden trasladada por parte de una supervisora al personal de Enfermería del Hospital Universitario de la planta que tiene a su cargo mediante la cual, a partir de este momento, se impiden los cambios de turno entre estas profesionales si se encuentran en distintos servicios. A pesar de que hasta al momento los trabajadores se podían poner de acuerdo para cambiar el turno, con independencia del servicio en el que se encontraran, esto se ha prohibido y solo se permite el cambio si es por una necesidad imperiosa del servicio en el caso de que este quede sin personal.

Para el sindicato, esta orden dada al personal es “un nuevo ataque a la conciliación familiar y laboral de la plantilla”. Una decisión que, afirma Solidaridad, “solo busca perjudicar a los trabajadores y beneficiar al Ingesa, ya que los cambios entre distintos servicios se producen cuando se determina la necesidad por un superior”.

Desde la sección sindical de Solidaridad en el Ingesa critican que “la medida se ha adoptado de forma unilateral y sin negociación con la representación sindical”. Además, lamentan que esta prohibición “perjudica especialmente a quienes dependen de estos cambios para poder organizar el cuidado de hijos, mayores y otras responsabilidades familiares”. Y señalan que hasta ahora se habían producido “sin que supusiera ningún problema”.

Ante esta situación, el sindicato exige la retirada inmediata de esta orden, así como que se comunique de manera formal y por escrito. También que se abra de manera urgente “una negociación real” con los representantes de los trabajadores.

“No se puede seguir cargando sobre los profesionales las consecuencias de la mala planificación y de la falta de personal”, avisa Solidaridad. Por último, el sindicato subraya que “la conciliación no es un privilegio, es un derecho”.

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La oficina de Correos del centro comercial Ferial Plaza, fue la protagonista del Pleno Municipal del pasado 27 de marzo del Ayuntamiento de Guadalajara. Hasta el pasado 31 de marzo, era una de las tres oficinas que prestaban servicio en la capital alcarreña.

Los partidos de izquierdas, apoyados por los sindicatos subvencionados de clase, achacaron el interés en el tema a VOX y PP a que, simplemente, “se dejaran llevar por rumores en medios de comunicación” y la ilusión por generar crítica al gobierno socialista de España. Pero la oficina, oficialmente, ya está cerrada. Por parte del PSOE, en oposición, tampoco se molestó en conocer la estrategia de dos partidos en gobierno al respecto, como si no tuvieran motivos para haberse informado, ninguneando así a una ciudadanía que cada vez crece más en número de habitantes en la capital de la Alcarria y a los trabajadores públicos de Correos de las oficinas restantes a los que este cierre les afectará directamente.

El sindicato Solidaridad, que apunta que “el trabajo en las otras oficinas se verá aumentado, literalmente, en un 50%”, estando presente en Correos y siendo fiel a su compromiso por la defensa de los trabajadores y la garantía de un servicio público de calidad, comprobó fehacientemente que no se trataba de un rumor, de manera interna y ya manifiestamente, tras la colocación de un cartel en la propia oficina anunciando el cierre.

Tampoco el sindicato mayoritario en Correos, CCOO, ha dado grandes explicaciones al Ayuntamiento ni al resto de afectados sobre la situación en la que van a quedar los trabajadores, tanto de los reubicados como de los que necesitarán refuerzos en sus respectivas oficinas, y hasta empezar abril no se han pronunciado pública y escuetamente al respecto. Directamente, tanto los sindicatos subvencionados con representación en la empresa, como la SEPI y Correos propiamente, dieron largas ante la consulta formal sobre el cierre que emitió el Ayuntamiento con la presión de Solidaridad.

Guadalajara es una ciudad que está creciendo a un ritmo acelerado en los últimos años, y sus habitantes, con el cierre de un servicio, se somete a una gestión precaria del mismo con unos trabajadores expuestos a un aumento exponencial de volumen de trabajo. “En Solidaridad sí creemos que es necesario informar e informarse sobre el tema y así lo hemos hecho”, declaran desde el sindicato.

Solidaridad ha investigado cómo quedará el servicio de la red de oficinas en Guadalajara y, aunque celebra que los cuatro trabajadores de la estafeta de El Corte Inglés del Ferial Plaza conserven su puesto de trabajo en la capital, se alarma sobre las condiciones reales de la plantilla de Correos, no sólo si realmente es tan poco el volumen de servicio necesario, para que no se sustituya la oficina que cierra por otra, preguntándose si el reparto que se ha hecho de los cuatro trabajadores que prestaban servicio en la oficina clausurada, responde a las necesidades reales de los usuarios y al trabajo digno de los trabajadores públicos en las dos oficinas que permanecen abiertas.

De la consulta hecha directamente a los propios trabajadores, Solidaridad extrae que tres de ellos se han reubicado en la oficina más distante a la que cierra –la de la Avenida de Francia, 11- y la que, según el cartel de la oficina cerrada, prestará servicio por cercanía desde hoy mismo, a los usuarios a los que atendía –la Oficina Principal sita en Alvargómez de Ciudad Real 25-, simplemente ha recibido a una persona como refuerzo en horario de mañana, de los cuatro trabajadores que prestaban sus servicios en la oficina que echó el cierre el 31 de marzo. Desde Solidaridad se preguntan si la sobrecarga laboral de esta Oficina Principal no merece mayor refuerzo, ya que los propios usuarios vienen comentando largo tiempo, que en horario de tarde la escasez de personal es manifiesta, “comprobable incluso en los propios comentarios de Google”.

Por otra parte, con el verano a la vuelta de la esquina, el sindicato comprueba que la Oficina Principal viene siendo la única estafeta que presta servicio en horario de tarde, no sólo en la ciudad de Guadalajara, sino también en toda la provincia y Corredor del Henares “y es en esta maravillosa gestión de recursos”, declaran, “es precisamente el servicio que no se refuerza”. Ni en este momento, en el que se podía redistribuir al personal con equilibrio ni en épocas pasadas de aumento de volumen de trabajo: bajas y vacaciones, contando con una bolsa de trabajo para estos fines. Este dato, nada baladí, brilla por su ausencia en canal informativo alguno.

Correos, por su parte, anuncia no sólo beneficios, sino también que va a asumir la regularización de inmigrantes, cifrada en aproximadamente un millón de personas entre regularizados y reagrupaciones familiares. Desde Solidaridad insisten: “¿acaso este volumen de trabajo no justifica un refuerzo en el servicio, cuya llegada de inmigrantes derivada del efecto-llamada del Gobierno central es más que evidente en sus calles? Parecerá una ONG de las que subvencionan, pero sin recursos y sin aplausos en televisión”.

Ahora sí, CCOO ha informado a la prensa del “rumor del cierre”, pidiendo una nueva oficina. Este es el miserable apoyo, con informaciones sesgadas, nula movilización y a toro pasado que la izquierda y los sindicatos subvencionados de clase prestan a la ciudadanía y a las familias trabajadoras.

El sindicato Solidaridad queda a disposición de los vecinos y por supuesto, de los trabajadores, para cualquier circunstancia en la que puedan prestar nuestra ayuda. En esta línea, se comprometen a seguir muy de cerca cómo se presta el servicio postal en las oficinas de Guadalajara.

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La comunicación de respuesta de esta Inspección da la razón a Solidaridad, exigiendo a la empresa acciones de subsanación en materia de riesgos laborales que no estaban incluidas en la planificación preventiva aportada. De este modo, Inspección obliga a CLECE Seguridad a incluir en sus planes de prevención de riesgos laborales las carencias detectadas por la Administración.

Además, este logro es doble: todo ello se ha conseguido a pesar de no tener todavía representación de nuestra sección sindical en el comité de empresa (compuesto por USO, UGT y CCOO) y a la denegación de información por parte de éste por tal motivo. Mientras todo esto pasaba, el comité de empresa no ha movido un dedo para solventar la situación que ha denunciado Solidaridad.

No es el único conflicto de nuestra sección sindical de CLECE Seguridad en Castellón. El pasado mes de diciembre de 2025  también se presentó a la Inspección de Trabajo otra denuncia ante la negativa de CLECE Seguridad de poner un tablón de anuncios sindical y proporcionar un espacio, según lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores,  donde la representación legal de los trabajadores pueda atender e informar a la plantilla. Esta denuncia aún está pendiente de resolución.

Con estos meses de denuncias, el sindicato Solidaridad ha demostrado su utilidad y total implicación en la defensa de los derechos de los trabajadores, ante los abusos e irregularidades  de algunas empresas y la dejadez de los sindicatos mayoritarios.

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Los pacientes permanecen en sillones o camillas en los pasillos hasta 65 horas debido a la falta de camas disponibles para el ingreso.

Tanto el Hospital Clínico (Virgen de la Victoria) como el Hospital Regional han experimentado situaciones de «colapso extremo» con pacientes hacinados.  Los profesionales sanitarios denuncian que la alta frecuencia de pacientes no es exclusiva del invierno, sino que se mantiene durante todo el año. Ante esta situación dantesca, los trabajadores, en contacto con Solidaridad, describen condiciones de trabajo extremas, afectando tanto a la atención como a la dignidad del paciente.

Esta situación ha llevado a que el hospital haya tenido que aplazar operaciones no urgentes para liberar camas en otras ocasiones.

Desde el sindicato Solidaridad se manifiesta el apoyo a los trabajadores de la sanidad malagueña y avisa que esta situación sufrirá todavía más deterioro desde el momento en que se apruebe el Decreto Ley de sanidad pública universal para los inmigrantes ilegales.

Situaciones como esta evidencian el deterioro de servicios públicos, como es el caso de la sanidad,  a pesar de la asfixiante presión fiscal que sufren los españoles.

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Desde Solidaridad y en palabras de su responsable de Acción Sindical, Ismael Tejero:“este hecho evidencia el interés de CCOO en inflar la representación con la intención de beneficiarse de las subvenciones públicas por delegados sindicales”.

Por otra parte, los medios se han hecho eco de una demanda de CCOO contra Glovo en la Audiencia Nacional por ejecutar presuntamente un ERE encubierto, por 30 despidos de trabajadores en los últimos tres meses.

CCOO, que ahora se rasga las vestiduras con demandas judiciales de postureo, es el mismo sindicato que negoció junto a la patronal, UGT y FETICO de un convenio estatal de regulación de los Riders con peores condiciones laborales que ahonda gravemente en la precarización del sector, tal como denunció Solidaridad en 2022.

Es por ello que desde Solidaridad se considera que CCOO carece de legitimidad moral para alardear de limpieza en elecciones  o de defensa real de los trabajadores, comportándose  una vez más como una administración paralela de liberados y enchufados que parasitan de las subvenciones estatales.

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Ante este hecho, los sindicatos mayoritarios y subvencionados de Andalucía, UGT y CCOO, han presentado un decálogo de medidas para reforzar la prevención de riesgos laborales con vistas a rebajar los índices de siniestralidad laboral.

Desde el sindicato Solidaridad, si bien se comparte la necesidad de estas medidas, considera que vienen tarde y mal. Solidaridad se pregunta cuál es el papel de los sindicatos mayoritarios para frenar la siniestralidad laboral: teniendo la cuota de representación que tienen en comités de empresa y siendo los actores reconocidos por los gobiernos y autoridades a la hora de negociar condiciones y políticas públicas en materia laboral, para qué sirve realmente, pues todo indica que no están desempeñando un papel activo y efectivo para solicitar inspecciones laborales que podrían prevenir estos accidentes, además de implementar mejoras en las condiciones de los puestos de trabajo.

Solidaridad reclama a los sindicatos mayoritarios dejarse de postureo y que se impliquen al máximo, en exigir la implantación de medidas efectivas y permanentes frente a los accidentes laborales, como sí hacemos en este sindicato en defensa de los trabajadores de España.

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El sindicato Solidaridad ha logrado que el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete declare nulo el despido de un trabajador por Vulneración de Derechos Fundamentales, en concreto, del derecho a la libertad sindical. La resolución condena a la empresa Drogas 86 S.L. a la readmisión del trabajador y al abono de los salarios dejados de percibir.

En este sentido, la resolución judicial establece que “existe indicio razonable de que la empresa despidiese al trabajador por haber manifestado su intención de presentarse a las próximas elecciones a Delegado de Personal”, lo que fija una relación directa entre la decisión empresarial y la actividad sindical.

El fallo destaca que el despido se produjo apenas días después de que el trabajador comunicara su intención a través del sindicato Solidaridad y resalta la “conexión temporal” entre ambos hechos.

Asimismo, la sentencia recoge que la empresa justificó el despido en un supuesto bajo rendimiento “del que ninguna razón o justificación se da en la carta de despido”, sin detallar hechos concretos ni aportar elementos que permitan sostener esa causa.

Por todo ello, el juzgado concluye que “nos encontramos ante un despido nulo por vulneración del derecho a la libertad sindical” y acuerda “la nulidad del despido”, con la consiguiente readmisión del trabajador y el abono de los salarios dejados de percibir.

El secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, ha afirmado que se trata de “una prueba clara de que los trabajadores afiliados a Solidaridad tienen pleno derecho a presentarse a unas elecciones sindicales, a representar a sus compañeros y a hacer valer sus ideas”, y añade: por ello,  “ninguna coacción, venga de la empresa o de sindicatos podridos, va a quedar impune”.

Como consecuencia, el fallo “declara la nulidad del despido” y condena a la empresa a la “inmediata readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir”. La resolución impone también una indemnización adicional de 4.000 euros por los daños derivados de la vulneración de derechos fundamentales.

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