Los dos sindicatos más subvencionados, CCOO y UGT, han propuesto esta semana un documento en el que se expone la necesidad de cambiar la financiación de las “organizaciones dedicadas al diálogo social” -es decir, para ellos mismos- para blindar su forma de ingresos “para que no dependa de la voluntad política”. Pretenden «compensar la dedicación y asistencia» en el ámbito de la negociación colectiva de las organizaciones sindicales y también de las empresariales más representativas (que afectaría a CEOE, por ejemplo). Es decir: que no se limite solamente a las subvenciones estatales, autonómicas o municipales, sino que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado una partida dedicada a ellos.

Actualmente no existe en el ordenamiento jurídico español una norma que fije una cantidad específica de financiación estatal, algo que en este momento depende de la voluntad del Gobierno de turno. Ante esto,  CCOO y UGT buscan la triquiñuela legal de disponer de una cantidad de dinero público fijo en concepto de financiación, para seguir viviendo del cuento y a cuerpo de rey a costa de los contribuyentes.
Desde el sindicato Solidaridad no se han hecho esperar y han reaccionado a esta propuesta. En palabras de su secretario general, Jordi de la Fuente, “ahora los comegambas pretenden cobrar por lo que se supone que debería ser una vocación de servicio”, al respecto del diálogo social “remunerado”. Esta propuesta “evidencia la categoría de casta parasitaria de los sindicatos UGT y CCOO. Una casta sindical que le da igual la defensa de los derechos de los trabajadores. Ellos están por cobrar”, sentencia De la Fuente.

Para Solidaridad, el interés real de esta casta sindical es mantener una administración paralela de liberados, enchufados y privilegiados, a costa del dinero de los contribuyentes. De la Fuente afirma que “esta propuesta llega antes de unas elecciones generales de las que puede surgir un nuevo Gobierno, en el que Solidaridad puede influenciar en materia laboral y sindical, acabando con los privilegios de los que han vivido tan bien a costa del trabajador español”.

Este sindicato es el único que propone eliminar las subvenciones de todo tipo a entes sindicales y empresariales, para que pasen a financiarse exclusivamente de sus cuotas de afiliación, para que los recursos económicos derivados de los impuestos desorbitados que pagan las familias trabajadoras españolas estén destinados a cubrir sus necesidades más importantes y mejorar los servicios públicos, y no para engordar ni las arcas, ni los salarios, de supuestos agentes sociales que no son más que vividores de lo público.

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Solidaridad denuncia la orden trasladada por parte de una supervisora al personal de Enfermería del Hospital Universitario de la planta que tiene a su cargo mediante la cual, a partir de este momento, se impiden los cambios de turno entre estas profesionales si se encuentran en distintos servicios. A pesar de que hasta al momento los trabajadores se podían poner de acuerdo para cambiar el turno, con independencia del servicio en el que se encontraran, esto se ha prohibido y solo se permite el cambio si es por una necesidad imperiosa del servicio en el caso de que este quede sin personal.

Para el sindicato, esta orden dada al personal es “un nuevo ataque a la conciliación familiar y laboral de la plantilla”. Una decisión que, afirma Solidaridad, “solo busca perjudicar a los trabajadores y beneficiar al Ingesa, ya que los cambios entre distintos servicios se producen cuando se determina la necesidad por un superior”.

Desde la sección sindical de Solidaridad en el Ingesa critican que “la medida se ha adoptado de forma unilateral y sin negociación con la representación sindical”. Además, lamentan que esta prohibición “perjudica especialmente a quienes dependen de estos cambios para poder organizar el cuidado de hijos, mayores y otras responsabilidades familiares”. Y señalan que hasta ahora se habían producido “sin que supusiera ningún problema”.

Ante esta situación, el sindicato exige la retirada inmediata de esta orden, así como que se comunique de manera formal y por escrito. También que se abra de manera urgente “una negociación real” con los representantes de los trabajadores.

“No se puede seguir cargando sobre los profesionales las consecuencias de la mala planificación y de la falta de personal”, avisa Solidaridad. Por último, el sindicato subraya que “la conciliación no es un privilegio, es un derecho”.

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La comunicación de respuesta de esta Inspección da la razón a Solidaridad, exigiendo a la empresa acciones de subsanación en materia de riesgos laborales que no estaban incluidas en la planificación preventiva aportada. De este modo, Inspección obliga a CLECE Seguridad a incluir en sus planes de prevención de riesgos laborales las carencias detectadas por la Administración.

Además, este logro es doble: todo ello se ha conseguido a pesar de no tener todavía representación de nuestra sección sindical en el comité de empresa (compuesto por USO, UGT y CCOO) y a la denegación de información por parte de éste por tal motivo. Mientras todo esto pasaba, el comité de empresa no ha movido un dedo para solventar la situación que ha denunciado Solidaridad.

No es el único conflicto de nuestra sección sindical de CLECE Seguridad en Castellón. El pasado mes de diciembre de 2025  también se presentó a la Inspección de Trabajo otra denuncia ante la negativa de CLECE Seguridad de poner un tablón de anuncios sindical y proporcionar un espacio, según lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores,  donde la representación legal de los trabajadores pueda atender e informar a la plantilla. Esta denuncia aún está pendiente de resolución.

Con estos meses de denuncias, el sindicato Solidaridad ha demostrado su utilidad y total implicación en la defensa de los derechos de los trabajadores, ante los abusos e irregularidades  de algunas empresas y la dejadez de los sindicatos mayoritarios.

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Los pacientes permanecen en sillones o camillas en los pasillos hasta 65 horas debido a la falta de camas disponibles para el ingreso.

Tanto el Hospital Clínico (Virgen de la Victoria) como el Hospital Regional han experimentado situaciones de «colapso extremo» con pacientes hacinados.  Los profesionales sanitarios denuncian que la alta frecuencia de pacientes no es exclusiva del invierno, sino que se mantiene durante todo el año. Ante esta situación dantesca, los trabajadores, en contacto con Solidaridad, describen condiciones de trabajo extremas, afectando tanto a la atención como a la dignidad del paciente.

Esta situación ha llevado a que el hospital haya tenido que aplazar operaciones no urgentes para liberar camas en otras ocasiones.

Desde el sindicato Solidaridad se manifiesta el apoyo a los trabajadores de la sanidad malagueña y avisa que esta situación sufrirá todavía más deterioro desde el momento en que se apruebe el Decreto Ley de sanidad pública universal para los inmigrantes ilegales.

Situaciones como esta evidencian el deterioro de servicios públicos, como es el caso de la sanidad,  a pesar de la asfixiante presión fiscal que sufren los españoles.

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Desde Solidaridad y en palabras de su responsable de Acción Sindical, Ismael Tejero:“este hecho evidencia el interés de CCOO en inflar la representación con la intención de beneficiarse de las subvenciones públicas por delegados sindicales”.

Por otra parte, los medios se han hecho eco de una demanda de CCOO contra Glovo en la Audiencia Nacional por ejecutar presuntamente un ERE encubierto, por 30 despidos de trabajadores en los últimos tres meses.

CCOO, que ahora se rasga las vestiduras con demandas judiciales de postureo, es el mismo sindicato que negoció junto a la patronal, UGT y FETICO de un convenio estatal de regulación de los Riders con peores condiciones laborales que ahonda gravemente en la precarización del sector, tal como denunció Solidaridad en 2022.

Es por ello que desde Solidaridad se considera que CCOO carece de legitimidad moral para alardear de limpieza en elecciones  o de defensa real de los trabajadores, comportándose  una vez más como una administración paralela de liberados y enchufados que parasitan de las subvenciones estatales.

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El sindicato Solidaridad ha logrado que el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete declare nulo el despido de un trabajador por Vulneración de Derechos Fundamentales, en concreto, del derecho a la libertad sindical. La resolución condena a la empresa Drogas 86 S.L. a la readmisión del trabajador y al abono de los salarios dejados de percibir.

En este sentido, la resolución judicial establece que “existe indicio razonable de que la empresa despidiese al trabajador por haber manifestado su intención de presentarse a las próximas elecciones a Delegado de Personal”, lo que fija una relación directa entre la decisión empresarial y la actividad sindical.

El fallo destaca que el despido se produjo apenas días después de que el trabajador comunicara su intención a través del sindicato Solidaridad y resalta la “conexión temporal” entre ambos hechos.

Asimismo, la sentencia recoge que la empresa justificó el despido en un supuesto bajo rendimiento “del que ninguna razón o justificación se da en la carta de despido”, sin detallar hechos concretos ni aportar elementos que permitan sostener esa causa.

Por todo ello, el juzgado concluye que “nos encontramos ante un despido nulo por vulneración del derecho a la libertad sindical” y acuerda “la nulidad del despido”, con la consiguiente readmisión del trabajador y el abono de los salarios dejados de percibir.

El secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, ha afirmado que se trata de “una prueba clara de que los trabajadores afiliados a Solidaridad tienen pleno derecho a presentarse a unas elecciones sindicales, a representar a sus compañeros y a hacer valer sus ideas”, y añade: por ello,  “ninguna coacción, venga de la empresa o de sindicatos podridos, va a quedar impune”.

Como consecuencia, el fallo “declara la nulidad del despido” y condena a la empresa a la “inmediata readmisión del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir”. La resolución impone también una indemnización adicional de 4.000 euros por los daños derivados de la vulneración de derechos fundamentales.

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Solidaridad pone el foco sobre la organización de los turnos de los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) después de recibir información sobre una planificación de las jornadas que no se estaría ajustando a lo establecido en el convenio. El sindicato se ha reunido con una de las afectadas de la plantilla del SUAP, que le ha trasladado la preocupación creciente de los trabajadores por la organización de los turnos.

Según explica Solidaridad, se estarían aplicando criterios en la planificación de jornadas que no se ajustan a lo establecido en el convenio, afectando de forma directa a las condiciones laborales y a la seguridad jurídica de la plantilla. Además, esta situación se estaría produciendo de forma prolongada en el tiempo, sin que las solicitudes formales realizadas hayan obtenido respuesta, y así lo apunta el sindicato.

Desde Solidaridad se considera “especialmente grave” la falta de transparencia y de contestación por parte de la administración. Esto, advierte el sindicato, “impide a los trabajadores conocer con claridad sus derechos y defenderlos adecuadamente”.

El sindicato recuerda que la normativa laboral vigente reconoce el derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados, consultados y a que se respeten las condiciones pactadas en convenio. En este sentido, Solidaridad ya está analizando toda la documentación disponible y actuará con determinación para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, utilizando todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance.

“No se va a permitir ninguna vulneración de las condiciones laborales”, asegura Solidaridad, que anima a los trabajadores afectados a reclamar sus derechos laborales. En esta línea, el sindicato continuará trabajando junto a la plantilla para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades donde corresponda.

Además, todas estas cuestiones se han trasladado a VOX, cuyo portavoz en la ciudad, Juan Sergio Redondo, también ha participado en la reunión. Desde el partido llevarán está cuestión a la Comisión de Sanidad del Congreso para garantizar la gestión eficaz en la gestión de un servicio esencial como es el de las urgencias de Atención Primaria.

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Solidaridad ha registrado en el Ingesa un escrito solicitando oficialmente información sobre la situación actual de las bolsas de empleo para cubrir las contrataciones temporales en el Hospital Universitario. El sindicato pide además que se indique la fecha de la última apertura, actualización o revisión de dichas bolsas de empleo, así como el procedimiento previsto para su actualización o nueva convocatoria.

La solicitud se ha registrado después de que el sindicato haya contrastado con varios trabajadores que se pueden estar dando “posibles irregularidades o falta de transparencia en la gestión de las bolsas”. Solidaridad explica que según la información que le han trasladado, las bolsas de empleo “podría llevar un largo periodo de tiempo sin actualización”. También que no existe “información accesible para los trabajadores sobre el estado actualizado de las bolsas, el orden de llamamiento o los criterios de contratación utilizados para la cobertura de puestos temporales”.

A través de la sección sindical abierta en el Ingesa, Solidaridad reclama que se facilite información sobre los criterios objetivos utilizados para la realización de llamamientos y la cobertura de contratos temporales. También que se informe sobre la existencia de listados actualizados de aspirantes, su orden de prelación y el sistema de acceso o consulta de los mismos por parte de los interesados. Además de las medidas adoptadas para garantizar la transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades en la gestión de las bolsas de empleo.

Solidaridad advierte de que si no hay transparencia “se ven comprometidos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir el acceso al empleo público”. Por ello, el sindicato quiere arrojar luz sobre en qué estado se encuentran las bolsas y la gestión de las mismas.

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El próximo 18 de Junio, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) convoca, junto a UGT y CCOO, una manifestación supuestamente en defensa del empleo de calidad, los derechos de los trabajadores, mayores salarios e inversiones. Justo todo lo contrario a lo que han promovido, auspiciado y aplaudido durante estos años.

El sindicato Solidaridad considera que a pesar de las reivindicaciones genéricas de esta convocatoria, totalmente asumibles por el conjunto de los trabajadores, esta marcha no es otra cosa que un claro apoyo a la desastrosa gestión del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez y a las medidas de la Unión Europea que han llevado a la ruina a los salarios y a las condiciones laborales de asalariados y autónomos en España. La complicidad de los sindicatos mayoritarios y “de clase” con la coalición progresista y anti-soberanista del tablero político, a izquierda y derecha, ha hundido los salarios reales, los servicios públicos y los derechos sociales introduciendo al territorio europeo y español millones de personas provenientes de todo el mundo, de forma inasumible para el mercado laboral e injusta para los autóctonos; con ello, ha reventado nuestros servicios y el acceso a una vivienda digna.

Como no podrá ser de otra forma, CCOO y UGT seguirán pidiendo subidas salariales ficticias sin pedir una reforma fiscal que rebaje drásticamente el expolio que sufren los trabajadores y los empleadores en cada nómina. Tampoco habrá crítica alguna al acceso a las ayudas sociales y a los servicios de asistencia, en las que las familias trabajadoras españolas ni tienen prioridad, ni pronto tendrán acceso, debido a la cobertura de cientos de miles de nuevos regularizados y, peor todavía, de irregulares que tendrán acceso igualmente. “Así que a estos sindicatos vende patrias y vende obreros”, en palabras del secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, “les decimos alto y claro: menos arrodillarse ante el poder del dinero o woke y más ponerse a trabajar de verdad”.

Desde Solidaridad se reivindica una bajada drástica de los impuestos, lo cual influiría positivamente cara a facilitar la creación de empleo estable y un mayor poder adquisitivo para los españoles; la recuperación de nuestra soberanía económica y energética, acompañada de reindustrialización nacional; protección de nuestro sector primario, productividad y tecnología para el campo español, contra Mercosur y tratados contrarios a nuestros intereses; fronteras cerradas y control estricto de los flujos migratorios, acabando con su masificación y la implantación de la preferencia nacional para ayudas sociales, cuyo único objetivo debe ser la defensa de la familias más necesitadas y la reinserción en el mundo laboral como medidas para alcanzar la justicia social.

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El balance de 5000 multas en Málaga (según el propio Ayuntamiento) durante el mes de vida de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en diciembre de 2025, demuestra bien a las claras el vergonzoso expolio a las familias trabajadoras malagueñas que ha supuesto la imposición de esta medida por parte del gobierno local del PP.

Tras todo el discurso presuntamente ambientalista y el ecologismo de postureo Agenda 2030,  pretexto de la vigencia de las ZBE, Solidaridad afirma que “existe claro afán recaudatorio” vía sanciones económicas, contra los conductores de vehículos, sobre todo los trabajadores más humildes. “Estas ZBE no son medidas para mejorar la calidad del aire, pero sí que lo son para esquilmar el bolsillo de los vecinos, en este caso de los malagueños, convirtiéndose en un nuevo impuesto revolucionario”, ha dicho Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato.

El sindicato lamenta que “tan sólo un partido en Málaga, VOX, se ha opuesto claramente a la ZBE”, cuando “deberían ser todas las fuerzas políticas” las que reclamaran en las instituciones su supresión y tuvieran en cuenta las movilizaciones vecinales contra esta imposición.

Desde Solidaridad, no nos quedaremos con los brazos cruzados y nos sumaremos a todas aquellas movilizaciones favorables a la supresión de las ZBE en Málaga, al igual que lo estamos haciendo en el resto de España.

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